国家安全保障を守るため、トランプはカルテルをテロ組織として指定する

国家安全保障を守るため、トランプはカルテルをテロ組織として指定する

アントニオ・グレースフォ記
2025年2月20日午前8時15分

写真上：麻薬カルテル「ラ・ファミリア・ミチョアカーナ」のメンバー（エル・パイス紙提供

トランプ政権は、ラテンアメリカの8つの犯罪組織を正式に「外国テロ組織」に指定し、米国内で活動するカルテルとそれを援助する者への圧力を強めている。

対照的にバイデン政権は、カルテルがフェンタニルを米国の街中に氾濫させ、国境開放政策により何千人もの犯罪者やギャングが発見されずに入国することを許した。

さらにバイデン政権下では、メキシコ政府が不法移民の抑制や麻薬カルテルとの対決を拒否しているにもかかわらず、米国はメキシコに貿易上の優遇措置や金融投資を提供し続けた。

メキシコ、カナダ、ヨーロッパに対する関税の脅威、そしてNATO、ウクライナ、ヨーロッパの防衛に対する米国の支援の撤退の可能性とともに、この新たな指定によって、トランプは、米国はもはや見返りを期待することなく、世界の他の国々のために小切手を切らないという意思表示をしている。

メキシコの場合、メキシコがカルテルから支配権を取り戻す責任を取らない限り、米国はメキシコ経済への支援を継続しないとトランプは明言している。

トランプ大統領の2期目が始まって間もない2025年1月27日、リオ・グランデ・バレーの米墨国境付近で、米国境警備隊の捜査官がメキシコ人カルテルの容疑者と銃撃戦を繰り広げた。

この事件は、弱体化したバイデン大統領に起因する継続的な危険と、国境警備を強化しようとするトランプ政権が直面する課題を浮き彫りにした。

メキシコ側から発砲があり、国境警備隊が応戦して応援を要請した。 幸い、双方とも負傷者は出なかった。

国土安全保障省によると、カルテルのメンバーは川を渡って密入国しようとしていたが、米国本土には入らなかったという。

これを受け、テキサス州のグレッグ・アボット知事は、カルテルの活動や人の密輸で知られるこの地域の警備を強化するため、テキサス州兵400人を追加配備した。

ラテンアメリカの麻薬カルテルは、自国だけでなく米国内外に影響を及ぼす、暴力的で不安定化させる犯罪の数々を引き起こしている。

これらの犯罪組織は、麻薬密売、人身密輸、恐喝、マネーロンダリング、誘拐に従事し、多くの場合、暗殺、テロ、脅迫などの残忍な暴力行為を画策している。

彼らの活動は、都市や地域全体が彼らの支配下に置かれるなど、広範な不安を煽り、フェンタニルの過剰摂取の急増など、世界的な薬物蔓延の一因となっている。

したがって、トランプ大統領がこれらのカルテルをテロ組織として指定したことは、彼らの暴力的な手口と国際的な安定を破壊する行為を正当化するものである。

これらの行動は、暴力行為だけでなく、武力によって恐怖を与え、政治的または経済的な目標を達成しようとする意図によって定義されるテロの特徴と一致している。

カルテルを外国テロ組織（FTO）に指定することで、米国連邦政府は彼らの活動に対抗するための新たな手段を手に入れた。

この指定により、資産凍結、カルテル指導者への制裁、これらの組織を支援する人々を標的にする権限の拡大など、より積極的なテロ対策措置の使用が可能になる。

また、国際法執行機関との協力強化にも道を開き、カルテルの活動を解体し、金融ネットワークを弱体化させる努力を促進する。

この指定によって、国土安全保障省やFBIのような連邦政府機関は、より大きな権限を持ってこれらの組織を追及することができるようになり、米国内外で彼らが堂々と活動することが難しくなる。

この戦略的な動きは、米国の政策がカルテルを単なる犯罪企業としてではなく、国家安全保障上の脅威として扱う方向に大きく転換したことを意味する。

トランプ大統領の2025年1月20日の大統領令で特に言及された国際カルテルと多国籍組織には、ベネズエラのトレン・デ・アラグア、エルサルバドルのMS-13、メキシコの6つの麻薬カルテルが含まれ、これらはすべて外国テロ組織（FTO）または特別指定グローバル・テロリスト（SDGT）に指定されている。

この指定は通常、アルカイダやISISのような集団に限定されるため異例ではあるが、これらの集団が米国の国家安全保障、外交政策、経済にもたらす脅威の増大に基づき、トランプ政権によって正当化されている。

カルテルは単なる犯罪企業ではなく、外国のテロ組織や敵対的な政府と国際的なつながりを持ち、反乱や非対称戦争に似た戦術を採用し、西半球全域の政府に浸透していると説明されている。これらのグループは暴力的なキャンペーンを展開し、国々を不安定化させ、米国に麻薬、凶悪犯罪者、ギャングを氾濫させ、国家の安全保障を直接危険にさらしている。

この大統領令は、これらの組織の存在をなくし、米国の安全保障に影響を及ぼす不法活動を支配することを目的としている。

国家非常事態を設定し、国務省や国土安全保障省を含む連邦政府機関に対し、資産凍結、制裁、強制送還手続きなど、これらの団体の活動を解体するための措置をとるよう指示している。

この大統領令は、拡大する多国籍組織の勢力に対抗し、米国の領土を守るという、より広範な米国の政策を反映している。

麻薬カルテルをテロ組織として指定することで、米国はテロ対策手段を行使する権限を拡大し、彼らの世界的影響力に対抗する取り組みを大幅に強化する。

刑事告発や制裁のような既存の手段はすでに導入されているが、テロリスト指定によって、特に「物質的支援」による訴追など、新たな手段が導入される。

米国の法律では、金銭、武器、宿泊施設、虚偽の書類、あるいはテレホンカードのような単純なものであっても、テロ集団に物質的支援を提供すれば犯罪となる。

これにより訴追の範囲が広がり、当局はカルテルのメンバーだけでなく、麻薬流通に関わるストリートギャングや、これらの組織に資金援助や後方支援を提供する者も標的にできるようになる。

また、この指定はより広い意味合いを持つ可能性もある。 メキシコで事業を展開する米国企業は、カルテルとつながりのある組織と取引していることが発覚した場合、罰則を受ける可能性がある。

さらに、カルテルとつながりのある密入国者に報酬を支払う移民は、法的な影響を受ける可能性があり、米国への入国ができなくなる可能性もある。この指定は、一方的な軍事行動の可能性についての議論を煽る可能性があるが、米大統領はすでに軍事攻撃の権限を持っている。

しかし、メキシコでの軍事行動は重大なエスカレーションであり、メキシコはそのような介入に反対すると明言している。

アントニオ・グレースフォ博士（中国MBA）は、中国とロシアを専門とする経済学者、国家安全保障アナリスト。 アメリカン・ミリタリー大学卒業。

スペイン語訳：
Comprometido con preservar la seguridad nacional, Trump designa a los cárteles como organizaciones terroristas

Por Antonio Graceffo
20 de febrero de 2025, 8:15 am

Foto superior : Miembros del cártel de la droga, La Familia Michoacana, cortesía de El País

La administración Trump está designando formalmente a ocho organizaciones criminales latinoamericanas como "organizaciones terroristas extranjeras", intensificando la presión sobre los cárteles que operan en Estados Unidos y cualquiera que les ayude.

La administración Biden, por el contrario, permitió que los cárteles inundaran las calles estadounidenses con fentanilo y permitió que miles de criminales y miembros de bandas entraran en el país sin ser detectados debido a las políticas de fronteras abiertas.

Además, bajo Biden, Estados Unidos siguió proporcionando ventajas comerciales e inversiones financieras a México, a pesar de la negativa del gobierno mexicano a frenar la inmigración ilegal o hacer frente a los cárteles de la droga.

Con esta nueva designación, junto con las amenazas de aranceles a México, Canadá y Europa, y la posible retirada del apoyo estadounidense a la OTAN, Ucrania y la defensa europea, Trump está señalando que Estados Unidos ya no extenderá cheques al resto del mundo sin esperar algo a cambio.

En el caso de México, Trump está dejando claro que Estados Unidos no seguirá apoyando la economía de México a menos que el país asuma la responsabilidad de recuperar el control de los cárteles.

En las primeras semanas del segundo mandato de Trump, el 27 de enero de 2025, agentes de la Patrulla Fronteriza estadounidense intercambiaron disparos con presuntos miembros de un cártel mexicano cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, en el Valle del Río Grande.

El incidente pone de relieve los peligros persistentes derivados de la débil presidencia de Biden, así como los retos a los que se enfrenta la administración Trump en sus esfuerzos por reforzar la seguridad fronteriza.

Se produjeron disparos desde el lado mexicano, lo que provocó que los agentes de la Patrulla Fronteriza devolvieran el fuego y pidieran refuerzos. Afortunadamente, no se registraron heridos en ninguno de los dos lados.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, los miembros del cártel intentaban pasar de contrabando a un grupo a través del río, pero no lograron llegar a suelo estadounidense.

En respuesta, el Gobernador de Texas, Greg Abbott, desplegó 400 miembros adicionales de la Guardia Nacional de Texas para reforzar la seguridad en la región, conocida por la actividad de los cárteles y el contrabando de personas.

Los cárteles de la droga latinoamericanos son responsables de una amplia gama de delitos violentos y desestabilizadores que afectan no sólo a sus países de origen, sino también a Estados Unidos y otros países.

Estas organizaciones delictivas se dedican al tráfico de drogas, el contrabando de personas, la extorsión, el blanqueo de dinero, el secuestro y, en muchos casos, la orquestación de brutales actos de violencia como asesinatos, terrorismo e intimidación pública.

Sus operaciones alimentan la inseguridad generalizada, con ciudades y regiones enteras bajo su control, y contribuyen a la epidemia mundial de drogas, incluido el aumento de las sobredosis de fentanilo.

La decisión del presidente Trump de designar a estos cárteles como organizaciones terroristas es, por lo tanto, un reconocimiento justificado de sus tácticas violentas y su perturbación de la estabilidad internacional.

Estas acciones se alinean con las características del terrorismo, definido no solo por actos violentos sino por su intención de crear miedo y lograr objetivos políticos o económicos a través de la fuerza.

Al designar a los cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO), el gobierno federal de Estados Unidos obtiene herramientas adicionales para combatir sus actividades.

Esta designación permite el uso de medidas antiterroristas más agresivas, como la congelación de activos, la imposición de sanciones a los líderes de los cárteles y la ampliación de la autoridad para perseguir a quienes apoyan a estas organizaciones.

También allana el camino para una mayor cooperación con las fuerzas de seguridad internacionales, facilitando los esfuerzos para desmantelar las operaciones de los cárteles y socavar sus redes financieras.

La designación podría facultar a organismos federales como el Departamento de Seguridad Nacional y el FBI para perseguir a estos grupos con mayor autoridad, dificultando que operen con impunidad tanto en Estados Unidos como en el extranjero.

Este movimiento estratégico marca un cambio significativo en la política de Estados Unidos hacia el tratamiento de los cárteles como amenazas a la seguridad nacional y no sólo como empresas criminales.

Los cárteles internacionales y las organizaciones transnacionales mencionadas específicamente en la orden ejecutiva de Trump del 20 de enero de 2025 incluyen el Tren de Aragua en Venezuela, la MS-13 en El Salvador y seis cárteles mexicanos de la droga, todos designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) o Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT).

Esta designación, aunque inusual, ya que normalmente se reserva para grupos como Al Qaeda o ISIS, está justificada por la administración Trump en base a la creciente amenaza que estos grupos representan para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos.

Los cárteles no son solo empresas criminales; se describe que tienen conexiones internacionales con organizaciones terroristas extranjeras y gobiernos hostiles, que emplean tácticas similares a la insurgencia y la guerra asimétrica, y que se infiltran en gobiernos de todo el hemisferio occidental.Estos grupos participan en campañas violentas que desestabilizan países e inundan Estados Unidos de drogas, delincuentes violentos y bandas, poniendo directamente en peligro la seguridad nacional.

La orden ejecutiva pretende eliminar la presencia de estas organizaciones y su control sobre las actividades ilícitas que afectan a la seguridad de Estados Unidos.

Establece una emergencia nacional y ordena a las agencias federales, incluidos el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional, que tomen medidas como la congelación de activos, sanciones y procesos de deportación para desmantelar las operaciones de estos grupos.

La orden ejecutiva refleja una política más amplia de Estados Unidos para contrarrestar el creciente poder de las organizaciones transnacionales y proteger el territorio estadounidense.

Al designar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas, Estados Unidos adquiere mayor autoridad para utilizar medidas antiterroristas, reforzando significativamente los esfuerzos para combatir su influencia global.

Aunque ya existen instrumentos como los cargos penales y las sanciones, la designación terrorista introduce nuevas vías, especialmente a través de los procesos por "apoyo material".

Según la legislación estadounidense, proporcionar cualquier forma de apoyo material a un grupo terrorista -como dinero, armas, alojamiento, documentos falsos o incluso algo tan simple como una tarjeta telefónica- se convierte en delito.

Esto amplía el alcance de las acciones judiciales, permitiendo a las autoridades perseguir no sólo a los miembros de los cárteles, sino también a las bandas callejeras dedicadas a la distribución de estupefacientes y a cualquiera que ofrezca apoyo financiero o logístico a estas organizaciones.

La designación también podría tener implicaciones más amplias. Las empresas estadounidenses que operan en México podrían enfrentarse a sanciones si se descubre que hacen negocios con entidades vinculadas a los cárteles.

Además, los inmigrantes que paguen a traficantes vinculados a los cárteles podrían enfrentarse a repercusiones legales que les impidieran entrar en EE.UU. Aunque la designación podría avivar los debates sobre la posibilidad de una acción militar unilateral, el presidente de EE.UU. ya tiene autoridad para llevar a cabo ataques militares.

Sin embargo, una acción militar en México supondría una escalada significativa, y México ha manifestado claramente su oposición a este tipo de intervenciones.

Dr. Antonio Graceffo, PhD, China MBA, es economista y analista de seguridad nacional especializado en China y Rusia. Es licenciado por la American Military University.

原文：
Committed to Preserving National Security, Trump Designates Cartels as Terrorist Organizations

By Antonio Graceffo
Feb. 20, 2025, 8:15 am

Photo top : Members of the drug cartel, La Familia Michoacana, courtesy of El Pais

The Trump administration is formally designating eight Latin American crime organizations as “foreign terrorist organizations,” intensifying pressure on cartels operating in the U.S. and anyone aiding them.

The Biden administration, by contrast, allowed cartels to flood U.S. streets with fentanyl and permitted thousands of criminals and gang members to enter the country undetected due to open border policies.

Additionally, under Biden, the U.S. continued to provide trade advantages and financial investments to Mexico, despite the Mexican government’s refusal to curb illegal immigration or confront the drug cartels.

With this new designation, along with threats of tariffs on Mexico, Canada, and Europe, and the potential withdrawal of U.S. support for NATO, Ukraine, and European defense, Trump is signaling that the United States will no longer write checks for the rest of the world without expecting something in return.

In the case of Mexico, Trump is making it clear that the U.S. will not continue supporting Mexico’s economy unless the country takes responsibility for reclaiming control from the cartels.

In the early weeks of Trump’s second term, on January 27, 2025, U.S. Border Patrol agents exchanged gunfire with suspected Mexican cartel members near the U.S.-Mexico border in the Rio Grande Valley.

The incident highlights the ongoing dangers stemming from the weak Biden presidency, as well as the challenges faced by the Trump administration in its efforts to ramp up border security.

Shots were fired from the Mexican side, prompting Border Patrol agents to return fire and request backup. Fortunately, no injuries were reported on either side.

According to the Department of Homeland Security, the cartel members were attempting to smuggle a group across the river but did not make it onto U.S. soil.

In response, Texas Governor Greg Abbott deployed an additional 400 Texas National Guard members to strengthen security in the region, known for cartel activity and human smuggling.

Latin American drug cartels are responsible for a wide array of violent and destabilizing crimes that affect not only their home countries but also the United States and beyond.

These criminal organizations engage in drug trafficking, human smuggling, extortion, money laundering, kidnapping, and, in many cases, orchestrating brutal acts of violence such as assassinations, terrorism, and public intimidation.

Their operations fuel widespread insecurity, with cities and entire regions under their control, and they contribute to the global drug epidemic, including the surge in fentanyl overdoses.

President Trump’s decision to designate these cartels as terrorist organizations is, therefore, a justified recognition of their violent tactics and their disruption of international stability.

These actions align with the characteristics of terrorism, defined not only by violent acts but by their intention to create fear and achieve political or economic goals through force.

By designating cartels as Foreign Terrorist Organizations (FTOs), the U.S. federal government gains additional tools to combat their activities.

This designation allows for the use of more aggressive counterterrorism measures, such as asset freezes, sanctions on cartel leaders, and expanded authority to target those who support these organizations.

It also paves the way for increased cooperation with international law enforcement, facilitating efforts to dismantle the cartels’ operations and undermine their financial networks.

The designation could empower federal agencies like the Department of Homeland Security and the FBI to pursue these groups with greater authority, making it harder for them to operate with impunity both in the U.S. and abroad.

This strategic move marks a significant shift in U.S. policy towards treating cartels as national security threats rather than just criminal enterprises.

The international cartels and transnational organizations specifically mentioned in Trump’s January 20, 2025, executive order include Tren de Aragua in Venezuela, MS-13 in El Salvador, and six Mexican drug cartels, all designated as Foreign Terrorist Organizations (FTOs) or Specially Designated Global Terrorists (SDGTs).

This designation, while unusual as it is typically reserved for groups like al-Qaida or ISIS, is justified by the Trump administration based on the growing threat these groups pose to U.S. national security, foreign policy, and the economy.

The cartels are not just criminal enterprises; they are described as having international connections to foreign terror organizations and hostile governments, employing tactics akin to insurgency and asymmetric warfare, and infiltrating governments across the Western Hemisphere.

These groups engage in violent campaigns that destabilize countries and flood the U.S. with drugs, violent criminals, and gangs, directly endangering national security.

The executive order aims to eliminate these organizations’ presence and their control over illicit activities affecting U.S. security.

It establishes a national emergency and directs federal agencies, including the State Department and Department of Homeland Security, to take measures such as asset freezes, sanctions, and deportation processes to dismantle these groups’ operations.

The executive order reflects a broader U.S. policy to counter the growing power of transnational organizations and protect American territory.

By designating drug cartels as terrorist organizations, the U.S. gains expanded authority to use counterterrorism measures, significantly strengthening efforts to combat their global influence.

While existing tools like criminal charges and sanctions are already in place, the terrorist designation introduces new avenues, particularly through “material support” prosecutions.

Under U.S. law, providing any form of material support to a terrorist group—such as money, weapons, lodging, false documents, or even something as simple as a phone card—becomes a crime.

This broadens the scope of prosecutions, allowing authorities to target not just cartel members, but also street gangs involved in narcotics distribution and anyone offering financial or logistical support to these organizations.

The designation could also have broader implications. U.S. companies operating in Mexico could face penalties if they are found to be doing business with entities linked to cartels.

Additionally, migrants paying smugglers with cartel ties could face legal repercussions, potentially preventing them from entering the U.S. While the designation could fuel debates about the possibility of unilateral military action, the U.S. president already has authority for military strikes.

rHowever, military action in Mexico would be a significant escalation, and Mexico has clearly stated its opposition to such interventions.

Dr. Antonio Graceffo, PhD, China MBA, is an economist and national security analyst with a focus on China and Russia. He is a graduate of American Military University.